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Desarrolladores de energía eólica demandan a la administración Trump por paralizar proyectos de $25.000 millones

Desarrolladores de energía eólica demandan a la administración Trump por paralizar proyectos de $25.000 millones

El sector de la energía eólica marina se enfrenta a una batalla legal contra la administración Trump, luego de que el Departamento del Interior detuviera cinco proyectos valorados en un total de $25.000 millones. Tres empresas desarrolladoras han presentado demandas, alegando que la decisión pone en riesgo miles de millones de dólares en inversiones y la generación de 6 gigavatios de electricidad limpia.

rsted, Equinor, Dominion Energy y Avangrid, compañías a cargo de los proyectos Revolution Wind, Empire Wind, Coastal Virginia Offshore Wind y Vineyard Wind 1, respectivamente, han tomado acciones legales contra la administración Trump. Según los desarrolladores, la paralización de las obras está costando millones de dólares por día y pone en peligro la viabilidad de estas iniciativas.

La justificación del Gobierno para detener los proyectos se basa en supuestas preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la interferencia de las turbinas eólicas con los sistemas de radar. Sin embargo, expertos afirman que existen soluciones técnicas probadas para mitigar este problema, que ha sido abordado durante más de una década.

"Los sistemas de radar más nuevos pueden filtrar el ruido que producen los parques eólicos mediante algoritmos de procesamiento adaptativo", explicó Nicholas O'Donoughue, ingeniero sénior de la Rand Corporation. Además, los desarrolladores han acordado ayudar a financiar adaptaciones del radar y reducir o suspender operaciones cuando el Pentágono lo solicite.

La paralización de estos proyectos se produce en el contexto de una política más amplia de la administración Trump de frenar el desarrollo de la energía eólica marina. A principios del año pasado, se detuvo la aprobación de nuevos proyectos, así como las obras en Empire Wind y Revolution Wind. Estos últimos se reanudaron después de negociaciones con el estado de Nueva York y una orden judicial.

Las demandas presentadas por los desarrolladores buscan revertir la decisión del Departamento del Interior y permitir que estos proyectos, que representan una inversión de $25.000 millones y una capacidad de generación de 6 gigavatios, puedan continuar su desarrollo sin obstáculos.

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