Panamá ha dado un paso significativo en la reforma de su sistema de justicia comunitaria, con la entrada en vigencia de la Ley 467 que marca un cambio trascendental. A partir de este año 2026, los juzgados de paz, que anteriormente dependían de los municipios, han pasado a depender formalmente del Ministerio de Gobierno.
Esta reforma busca fortalecer y modernizar la justicia de paz en el país, brindando mayor centralización y uniformidad en su administración. Hasta ahora, los juzgados de paz habían estado bajo la órbita de los gobiernos locales, lo que generaba disparidades y falta de coordinación a nivel nacional.
"La Ley 467 es un hito importante para mejorar el acceso a la justicia en las comunidades", afirmó la Ministra de Gobierno, Lucía Pérez. "Al pasar los juzgados de paz al Ministerio, podremos garantizar una mayor eficiencia, capacitación constante de los jueces y una aplicación más uniforme de los procedimientos".
Uno de los principales objetivos de esta reforma es fortalecer el rol de la justicia de paz como mecanismo de resolución de conflictos a nivel comunitario. Estos juzgados se encargan de atender asuntos menores, como disputas vecinales, problemas de linderos, faltas leves, entre otros, brindando una alternativa ágil y cercana a la población.
"Históricamente, la justicia de paz ha sido un pilar fundamental para que muchas comunidades puedan resolver sus problemas de manera rápida y accesible", explicó el abogado especialista en derecho comunitario, Ernesto Gómez. "Ahora, con esta reforma, se espera que se fortalezca aún más este valioso sistema".
Según las autoridades, el traspaso de los juzgados de paz al Ministerio de Gobierno permitirá implementar mejoras en la infraestructura, la capacitación de los jueces de paz y la digitalización de los procesos, entre otros aspectos. Esto redundará en un servicio de justicia más eficiente y de calidad para los ciudadanos.
La Ley 467 también contempla la creación de un Consejo Nacional de Justicia de Paz, que tendrá la responsabilidad de supervisar y coordinar el funcionamiento de este sistema a nivel nacional. De esta manera, se busca garantizar una aplicación homogénea de la justicia comunitaria en todo el territorio panameño.
"Esta reforma es un paso importante para acercar aún más la justicia a las comunidades", concluyó la Ministra Pérez. "Estamos convencidos de que fortaleciendo la justicia de paz, podremos mejorar la convivencia y la resolución pacífica de conflictos en los barrios y pueblos de Panamá".
