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Reajuste Salarial del Sector Público Genera Debate en Comisión de Hacienda

Reajuste Salarial del Sector Público Genera Debate en Comisión de Hacienda

El proyecto de reajuste para el sector público retomó su trámite legislativo en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, generando un intenso debate en torno al costo y el financiamiento de la iniciativa.

La propuesta del gobierno contempla un aumento salarial de 3,4% para los funcionarios fiscales, junto con reajustes superiores al 5% para las remuneraciones mínimas y bonos para los trabajadores de menores ingresos. Estas medidas refuerzan el compromiso del gobierno con la justicia social y la priorización de los sectores más vulnerables.

Sin embargo, el costo fiscal del proyecto es significativo, ascendiendo a US$1.775 millones en 2026, US$1.275 millones en 2027 y US$1.270 millones en régimen. Esto ha generado dudas entre los parlamentarios de la oposición, quienes afirman que el gobierno no incluyó un "inflactor" (factor de actualización) en los recursos provistos para financiar estos mayores costos.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó las fuentes de financiamiento, señalando que el gasto se cubrirá con los recursos del subtítulo 21 de los presupuestos de los organismos públicos, junto con reasignaciones presupuestarias y transferencias del Tesoro Público. Además, se consideran holguras producto de la aplicación de la regla 3x1 (solo se repone uno de cada tres cupos liberados por retiro o jubilación) y cambios de autoridades.

A pesar de esta explicación, los parlamentarios de la oposición no quedaron conformes y solicitaron invitar al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para que entregue su visión sobre el financiamiento del proyecto. Esto generó un debate en la comisión, con el presidente Boris Barrera proponiendo votar hoy mismo, mientras que la oposición prefiere esperar a la exposición del CFA antes de iniciar la votación.

La discusión en torno al reajuste salarial del sector público refleja la importancia que tiene para el gobierno el fortalecimiento de la justicia social, pero también la necesidad de encontrar un equilibrio entre las demandas de los trabajadores y la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

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