La Procuraduría General de la Nación decidió mantener la suspensión provisional del general del Ejército Juan Miguel Huertas y del funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wilmar Mejía, tras evaluar el impacto de los archivos atribuidos a alias Calarcá que los vinculan con presuntas irregularidades en el marco del conflicto armado.
La ratificación de la medida, adoptada el 23 de diciembre, se da dentro de una investigación disciplinaria que busca establecer si ambos habrían sostenido contactos indebidos con estructuras disidentes de las FARC, así como el eventual suministro de información estratégica de la Fuerza Pública.
Según la actuación en curso, el Ministerio Público examina si los investigados habrían facilitado códigos de frecuencia radiales y otros datos operativos, además de su posible participación en gestiones orientadas a la creación de empresas de seguridad privada que habrían servido para legalizar armamento y preparar escenarios ante una eventual ruptura de diálogos con el Gobierno.
Para verificar estos hechos, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas y reiteró que la suspensión busca impedir la reiteración de las conductas señaladas mientras se esclarecen los hechos.
El caso tomó relevancia pública tras un informe periodístico de Noticias Caracol, que reveló documentos atribuidos a alias Calarcá. En ese material aparece mencionado el general Huertas, quien para entonces se desempeñaba como jefe del Comando de Personal del Ejército.
De acuerdo con esos archivos, un hombre cercano al cabecilla disidente habría participado en reuniones en Bogotá con el oficial, en las que se exploró la conformación de una empresa de seguridad que, presuntamente, serviría como fachada para legalizar armas y movilizar integrantes de las disidencias en vehículos blindados.
La situación del general Huertas también es analizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Tras la divulgación de los archivos de alias Calarcá, dos exoficiales del Ejército que reconocieron su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales lo señalaron de haber presuntamente facilitado falsos positivos en Antioquia cuando tenía el grado de capitán.
En el caso de Wilmar Mejía, la Procuraduría indaga si, desde su cargo en la DNI, habría actuado como enlace entre organizaciones criminales y miembros de la Fuerza Pública, hechos que también sustentan la ratificación de la suspensión provisional.
El Ministerio Público reiteró que la medida tiene carácter preventivo y que el proceso disciplinario continúa en etapa de instrucción, sin que hasta ahora exista un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de los investigados.
