El gobierno de Bolivia anunció que trabajará de manera conjunta con diferentes sectores sociales y organizaciones para modificar varios artículos del decreto 5503, que estableció la emergencia económica en el país. Esto se decidió luego de una reunión multisectorial realizada el martes, en la que más de 40 organizaciones a nivel nacional expresaron su respaldo al gobierno y solicitaron cambios en el decreto.
Durante el encuentro, los ministros Oscar Mario Justiniano y Mauricio Zamora acompañaron el proceso de escucha, explicación y registro de las propuestas planteadas por los sectores participantes. Entre ellos estuvieron presentes representantes de juntas vecinales, gremios, confederaciones, iglesias, universidades y otras organizaciones sociales.
"Durante la reunión, todos los sectores manifestaron su respaldo al Gobierno. Asimismo, solicitaron la modificación de varios artículos del decreto, los cuales fueron debidamente registrados y serán trabajados de manera conjunta con los sectores, a través de mesas técnicas, con el objetivo de garantizar representatividad, consenso y estabilidad", señaló un comunicado de prensa de la Vocería Presidencial.
El decreto 5503, emitido a finales de 2022, declaró la emergencia económica en Bolivia y estableció una serie de medidas como la reducción de salarios en el sector público, la suspensión de contratos y el recorte de presupuestos. Estas disposiciones generaron rechazo y movilizaciones de diversos sectores de la sociedad boliviana.
Ahora, el gobierno ha decidido abrir un espacio de diálogo y trabajo conjunto con los diferentes actores sociales para modificar algunos puntos del decreto y lograr un mayor consenso. Según las autoridades, el objetivo es garantizar la representatividad, el consenso y la estabilidad en la aplicación de estas medidas económicas.
Este proceso de revisión y modificación del decreto 5503 se llevará a cabo a través de mesas técnicas en las que participarán los representantes de los distintos sectores sociales. De esta manera, el gobierno busca atender las demandas y propuestas de la ciudadanía para ajustar las políticas de emergencia económica a las necesidades y realidades del país.
