El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó públicamente el anuncio del Gobierno de José Jerí de implementar reformas en Petroperú, la empresa estatal de hidrocarburos. Gutiérrez considera que un Gobierno de carácter transitorio no está facultado para ejecutar cambios estructurales en una empresa estratégica del Estado.
En declaraciones a diversos medios de comunicación, Gutiérrez remarcó que las medidas anunciadas mediante un decreto de urgencia al filo de la medianoche del miércoles 31 de diciembre deben ser evaluadas con especial cautela, debido a la naturaleza excepcional de este tipo de normas y al contexto político en el que han sido emitidas.
"Un Gobierno de transición tiene competencias acotadas y no puede comprometer decisiones de fondo que correspondan a una administración con pleno mandato", señaló Gutiérrez.
El titular de la Defensoría del Pueblo precisó que su institución viene elaborando un informe técnico-jurídico sobre la situación de Petroperú, el cual será presentado "en el más breve plazo". Dicho documento analizará si el decreto de urgencia cumple con los criterios de constitucionalidad, viabilidad y ejecutabilidad, además de evaluar su impacto en la estabilidad financiera y operativa de la empresa estatal.
Gutiérrez también advirtió que el uso reiterado de decretos de urgencia para impulsar reformas de largo alcance podría desnaturalizar su finalidad y abrir un precedente riesgoso para el equilibrio de poderes. En ese sentido, hizo un llamado al Ejecutivo para actuar dentro del marco constitucional y priorizar la transparencia en decisiones que involucren recursos públicos.
La Defensoría del Pueblo no descartó emitir recomendaciones al Gobierno y al Congreso una vez concluido el análisis, subrayando que Petroperú atraviesa una situación sensible que requiere soluciones responsables, consensuadas y acordes con la legalidad vigente.
El cuestionamiento del Defensor del Pueblo se produce en un momento de transición política en el país, donde el Gobierno de José Jerí, de carácter interino, ha anunciado una serie de medidas que buscan reformar empresas estratégicas como Petroperú. Sin embargo, Gutiérrez advierte que estos cambios deben ser evaluados con cautela, ya que un Gobierno transitorio no tendría las facultades necesarias para implementar transformaciones de fondo en una compañía clave para la economía nacional.
La Defensoría del Pueblo, como organismo constitucional autónomo encargado de defender los derechos de los ciudadanos, ha decidido analizar a fondo el decreto de urgencia que dio origen a estas reformas en Petroperú. El informe que preparan buscará determinar si las medidas anunciadas cumplen con los requisitos legales y si su implementación podría tener un impacto negativo en la estabilidad y operatividad de la empresa estatal.
Este cuestionamiento del Defensor del Pueblo se suma a las preocupaciones expresadas por diversos sectores de la sociedad civil y la oposición política, quienes han manifestado su rechazo a las reformas anunciadas por el Gobierno de transición. Todos coinciden en que los cambios estructurales en empresas estratégicas deben ser abordados por una administración con pleno mandato, y no por un Ejecutivo interino cuyas facultades están limitadas por la Constitución.
En los próximos días, se espera que la Defensoría del Pueblo presente su informe técnico-jurídico, el cual será clave para determinar la legalidad y viabilidad de las reformas propuestas para Petroperú. Este documento servirá de insumo tanto para el Gobierno como para el Congreso, a fin de que puedan tomar decisiones informadas y apegadas al marco legal vigente.
