El Gobierno de Venezuela denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU el "ataque armado ilegítimo" perpetrado por Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, a quienes calificó de "secuestrados" por el país norteamericano.
En una reunión de emergencia convocada por Venezuela, el representante permanente ante la ONU, Samuel Moncada, exigió el respeto a la soberanía de su país y la liberación inmediata de Maduro y Flores. Asimismo, demandó que se condene el uso de la fuerza contra Venezuela y que se adopten medidas para la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional.
Según Moncada, el ataque del 3 de enero de 2026 incluyó bombardeos sobre el territorio venezolano, la pérdida de vidas civiles y militares, y la destrucción de infraestructura esencial. El diplomático señaló que este hecho constituye una "violación flagrante" de la Carta de la ONU, en particular del principio de igualdad soberana de los Estados y de la prohibición absoluta del uso de la fuerza contra la integridad territorial.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Gil, manifestó que la comunidad internacional dejó constancia de que el ataque fue un acto contrario al derecho internacional, violatorio de la Carta de la ONU, del derecho humanitario y de los derechos humanos. Gil subrayó que "no hubo espacio para la manipulación ni para el doble rasero" porque el derecho asistió a Venezuela.
La República Bolivariana, con la autoridad moral y jurídica que le confiere la historia, "seguirá defendiendo su soberanía y garantizando la paz de su territorio, herencia viva de Simón Bolívar", aseveró Gil.
El Gobierno venezolano considera que el ataque perpetrado el 3 de enero es una "agresión directa contra la inmunidad de un Jefe de Estado en ejercicio" y una violación flagrante del derecho internacional. Venezuela exige el respeto a su soberanía y la liberación inmediata de su presidente y su esposa, secuestrados por Estados Unidos.
