El gobierno argentino anunció este lunes una serie de restricciones migratorias dirigidas a funcionarios, militares y empresarios vinculados al régimen chavista de Venezuela que busquen refugiarse en el país.
La medida se enmarca en la política exterior del presidente Alberto Fernández, que ha buscado distanciarse del autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro. Argentina, junto a otros países de la región, ha sido crítica del deterioro democrático y la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela bajo el chavismo.
"Hemos decidido endurecer las restricciones migratorias para aquellos que están estrechamente vinculados al régimen de Maduro. No vamos a ser cómplices de quienes han violado los derechos humanos y han sumido a Venezuela en una profunda crisis", afirmó el canciller argentino, Felipe Solá, en conferencia de prensa.
Según las nuevas regulaciones, se prohibirá el ingreso al territorio argentino de altos funcionarios del gobierno venezolano, miembros de las Fuerzas Armadas y empresarios que hayan sido señalados por su complicidad con las políticas autoritarias y corruptas del chavismo.
La medida se suma a otras acciones tomadas por Argentina en los últimos años, como el cierre de cuentas bancarias de funcionarios venezolanos, el congelamiento de bienes y la expulsión de diplomáticos afines a Maduro.
"Entendemos que muchos venezolanos huyen de la represión y la crisis, y les ofrecemos asilo y refugio. Pero no vamos a permitir que el régimen de Maduro use a Argentina como un refugio para sus allegados", explicó el ministro del Interior, Wado de Pedro.
La decisión se produce en un momento de creciente tensión entre Argentina y Venezuela, luego de que el gobierno de Fernández cuestionara duramente la falta de garantías democráticas en los comicios legislativos celebrados en Venezuela el pasado diciembre.
Analistas consideran que el endurecimiento de las restricciones migratorias responde también a la presión ejercida por la oposición y sectores de la sociedad civil argentina que reclaman una posición más firme frente al chavismo.
"Argentina no puede ser cómplice de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela. Estas medidas van en la dirección correcta de aislar al régimen de Maduro y evitar que sus allegados se refugien aquí", afirmó Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional en Argentina.
La medida se suma a las sanciones y restricciones impuestas por otros países de la región, como Colombia, Perú y Brasil, que también han endurecido sus políticas migratorias hacia funcionarios y empresarios vinculados al gobierno de Maduro.
