El año fiscal 2025 cerró con un nivel de ejecución de inversiones públicas a nivel nacional del 84.6%, un incremento significativo en comparación al 81.0% registrado en 2024. Este resultado, si bien representa un avance positivo, también evidencia problemas persistentes en la calidad del gasto y la eficacia de las inversiones.
El gasto ejecutado en inversiones ascendió a S/62,279 millones, distribuidos en un 39.7% a nivel del Gobierno nacional, 36.7% en los Gobiernos locales y 23.6% en los Gobiernos regionales. Estos datos muestran que las instituciones públicas se han esforzado por gastar más, pero gastar más no implica necesariamente gastar bien o de manera eficiente.
De hecho, la eficacia presupuestaria financiera no garantiza la eficacia física, es decir, el cumplimiento de metas programadas ni el logro de objetivos que generen verdadero impacto en el bienestar de la población. Además, estas inversiones suelen enfrentar problemas de corrupción e inconducta funcional, con pérdidas superiores al 17% del gasto ejecutado, lo que representa un alto costo de oportunidad para cerrar brechas y atender a las poblaciones más vulnerables.
A nivel regional, se observan diferencias significativas en la ejecución presupuestaria. Mientras que 9 Gobiernos regionales lograron tasas de eficacia óptimas (entre 95% y 100%), otros 3 tuvieron niveles menores al 90%. Destacan los casos de los Gobiernos regionales del Callao y Tumbes, con tasas inaceptables de 67.8% y 79.3% respectivamente, en contraste con los de Piura y Ayacucho, que alcanzaron ejecuciones del 99.8%.
Para mejorar la eficacia de las inversiones públicas, se requieren cambios profundos que vayan más allá de la mera capacitación de personal. Es clave transitar de un ciclo secuencial de inversiones a uno concurrente y colaborativo entre los diferentes actores involucrados, lo que permitiría mejorar la calidad de los estudios y aprovechar mejor las ventajas de la Ley General de Contrataciones Públicas.
Asimismo, es imperativo construir y poner a disposición de la ciudadanía sistemas de información transparentes, que permitan monitorear no solo el avance financiero, sino también el cumplimiento de metas físicas. Esto, a través del aprovechamiento de herramientas como la interoperabilidad, el análisis de datos y la inteligencia artificial, con el fin de incrementar sustancialmente los niveles de rendición de cuentas en la gestión de las inversiones públicas.
