En un contexto marcado por la intimidación, la impunidad y el debilitamiento de las garantías democráticas, el 2025 se convirtió en el año más violento para el ejercicio del periodismo en Perú, según un informe de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
El reporte de la ANP documenta 458 ataques contra periodistas y medios de comunicación, incluidos cuatro asesinatos, lo que coloca a Perú solo por detrás de México en violencia letal contra la prensa en la región.
Las víctimas mortales fueron Gastón Medina (Ica), Raúl Célis (Iquitos), Fernando Núñez (Pacasmayo) y Mitzar Castillejos (Aguaytía). "Cuatro periodistas asesinados. 458 ataques a la prensa. Lo intentan todo y por todos los medios. El objetivo es uno: callarnos", afirmó la presidenta de la ANP, Zuliana Lainez, al presentar el reporte.
Los ataques más frecuentes correspondieron a amenazas y hostigamiento (127 casos), seguidos de agresiones físicas y verbales (114). También se registraron discursos estigmatizantes (79), trabas a la cobertura periodística (50), intimidación judicial (46) y amenazas legislativas (13), además de restricciones al acceso a la información, ciberataques, detenciones arbitrarias y sanciones administrativas.
Uno de los datos más alarmantes es el perfil de los agresores. Funcionarios públicos encabezaron la lista con 217 ataques, seguidos por agentes de seguridad policías, militares, guardias municipales y vigilantes con 121 casos. En conjunto, actores estatales concentraron más del 70 % de las agresiones, lo que, según la ANP, "enciende las alertas sobre el rol del Estado no solo como garante, sino como protagonista de las vulneraciones a la libertad de prensa".
La mayor incidencia de ataques se registró en la prensa digital (219 casos), seguida por la televisión (108), la prensa escrita (66) y la radio (65). Por género y tipo de afectación, el informe consigna 231 hombres, 93 mujeres y 134 medios de comunicación impactados directamente.
"El balance de 2025 deja una conclusión clara: los ataques a la prensa no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático que busca silenciar voces críticas e inhibir la investigación periodística", señala la ANP, advirtiendo que el deterioro de las condiciones para informar tiene un impacto directo en la calidad democrática del país.
