El gobierno de Estados Unidos ha perpetrado en la madrugada de este sábado un ataque militar ilegal contra instalaciones civiles y militares de Venezuela, violando flagrantemente el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En el marco de esta acción criminal, el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, fueron secuestrados y trasladados a territorio estadounidense.
La operación, calificada por expertos y analistas como la agresión exterior más severa contra una nación sudamericana en más de un siglo, ha desencadenado una ola de condenas a nivel global. Diversos líderes políticos, partidos y organizaciones han exigido el cese inmediato de las hostilidades y la liberación de las autoridades venezolanas.
Dentro de Estados Unidos, legisladores de distintos sectores han cuestionado la ilegalidad de los ataques, señalando que el presidente Trump actuó sin la autorización del Congreso, contraviniendo las leyes que exigen la consulta al poder legislativo para emprender acciones bélicas. Asimismo, han denunciado que la Casa Blanca ignoró la voluntad mayoritaria de los ciudadanos estadounidenses, quienes se oponen a una nueva aventura militar en el exterior.
Por su parte, el gobierno venezolano ha activado todos sus mecanismos de defensa y ha convocado a la movilización popular para enfrentar la agresión. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha exigido a Estados Unidos la "prueba de vida" de Maduro y Flores, y ha advertido que si algo les ocurre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está lista para resguardar la soberanía e integridad del país.
Ante esta grave crisis, la comunidad internacional ha reaccionado con firmeza. Países como Uruguay, Costa Rica, Grenada y Francia han condenado enérgicamente la violación de la soberanía venezolana, exigiendo el respeto al derecho internacional y la solución pacífica del conflicto a través del diálogo y la negociación.
En este escenario de tensión y amenaza a la paz regional, se impone la urgente necesidad de que los organismos internacionales competentes, como la ONU y la OEA, intervengan de manera contundente para poner fin a las hostilidades y garantizar la integridad y la autodeterminación del pueblo venezolano.
