El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado una sentencia histórica al aplicar el Código Civil español para desheredar a un agente de policía local que fue condenado por asesinar a un familiar con el fin de apropiarse de sus bienes.
La resolución del TSJM eleva la pena impuesta al condenado a la máxima sanción prevista en la legislación española: prisión permanente revisable. Esta decisión modifica la condena original de 39 años de prisión dictada por la Audiencia Provincial de Madrid.
Según los magistrados, el acusado arrojó a su familiar por una escalera motivado por intereses económicos y sucesorios. El tribunal rechazó el recurso de apelación de la defensa y aceptó parcialmente la impugnación de la acusación particular, elevando así la severidad de la pena.
"La valoración de la prueba practicada en el juicio principal se realizó de manera correcta y razonada", destacaron los jueces, quienes descartaron cualquier vulneración del derecho a la presunción de inocencia o fallo en la interpretación de los hechos.
La sentencia también confirma las penas ligadas a otros delitos cometidos por el condenado, como un delito en grado de tentativa y dos delitos de falsedad documental. El tribunal resaltó que la actuación del acusado se relacionó de forma directa con el proceso sucesorio, lo que refuerza la aplicación de la normativa que impide que los condenados por causar la muerte al "causante" hereden de él.
"La revisión y el endurecimiento de la pena situaron este caso en el máximo nivel de las condenas previstas por el sistema judicial español", señaló Europa Press. Los jueces valoraron los antecedentes probatorios, los testimonios y la reconstrucción de los hechos para argumentar la imposición de prisión permanente revisable.
Según la sentencia, la decisión de la Sala responde a la "naturaleza especialmente grave del delito" y a la forma en la que se perpetró. Además, la firmeza de los hechos probados facilitó la aplicación estricta de los principios legales sucesorios, reafirmando el criterio de excluir al condenado de cualquier derecho sobre los bienes de la víctima.
El caso concluyó con la ratificación de todas las penas complementarias y accesorias, al tiempo que reafirma los principios establecidos en el marco legal español en materia tanto penal como civil.
