La empresa estatal Petroperú, que agonizaba por la falta de recursos, recibió un salvavidas con el Decreto de Urgencia (DU) emitido el 31 de diciembre de 2025. El DU faculta a Proinversión a aplicar diferentes modalidades para separar en bloques el patrimonio de Petroperú y promover la intervención de inversionistas privados, con el objetivo de "rescatar" a la compañía de la grave crisis que enfrenta.
Según el documento, la estrategia del Gobierno es realizar una reorganización patrimonial y una reestructuración organizacional de Petroperú. La idea es aislar cada unidad patrimonial, como la refinería de Talara y el oleoducto, y crear sociedades de propósito especial (SPV) para que sean gestionadas bajo un modelo privado, manteniendo la titularidad en manos de Petroperú.
Luis del Carpio, presidente de Proinversión, explicó que esta medida permitirá atraer capital de diferentes partes del mundo, ya que hay empresarios interesados en invertir en la petrolera estatal. "Nuestro trabajo será ordenar la casa", aseguró.
La reorganización patrimonial no implica la privatización de Petroperú, sino una reestructuración para hacerla más atractiva a los inversionistas. Según el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, la decisión del Gobierno de encargar a Proinversión esta tarea es la correcta, ya que dejar a la empresa tal como está no es atractivo, considerando que tiene tantos pasivos como activos.
Uno de los principales problemas de Petroperú es su "planilla dorada", con altos costos en privilegios y beneficios injustificados para los altos funcionarios. Según Castilla, el costo de estos privilegios sumó S/ 280 millones en los dos últimos años, lo que representó el 55% del gasto corriente de la empresa.
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha dispuesto la transferencia de S/ 240 millones para comprar la renuncia de los trabajadores, estimando que se puede prescindir del 70% de la planilla.
A pesar de las medidas dolorosas, el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, considera que la estrategia del Gobierno es más positiva que negativa, ya que era necesario resolver la crisis que atraviesa Petroperú. Aunque reconoce que esto podría poner en riesgo la soberanía energética del país, asegura que existen otros medios para garantizar el abastecimiento de combustible en situaciones de emergencia.
