La Corte Suprema de Chile ha dictado una sentencia histórica al aumentar las penas de diversos condenados por crímenes de lesa humanidad, en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso "Vega González y otros Vs. Chile".
El máximo tribunal nacional reconoció la obligatoriedad del dictamen internacional y rechazó los argumentos de las defensas que alegaban una supuesta vulneración de la soberanía nacional. La Corte Suprema enfatizó que el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH representa un "incremento de la protección de los derechos humanos" y que los tribunales nacionales deben ofrecer interpretaciones constitucionales que hagan posible la integración del sistema nacional con el internacional.
En los diversos casos revisados, la Corte Suprema aumentó significativamente las penas a los condenados, fijando sanciones que van desde los 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, hasta los 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo. Además, impuso la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, así como la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
La sentencia también abordó la situación particular de algunos condenados de avanzada edad, señalando que la gravedad de los delitos cometidos no puede llevar al Estado a privarlos de la posibilidad de acceder a medidas alternativas a la reclusión, de acuerdo con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Este fallo de la Corte Suprema representa un hito en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos y un claro mensaje de que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes, incluso cuando hayan sido cometidos hace décadas.
