Durante la mañana de este viernes 2 de enero, fue presentada una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 7-2025, normativa que autoriza a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) a utilizar los recursos que no fueron ejecutados durante el ciclo presupuestario de 2025.
El Decreto 7-2025 fue emitido por el gobierno con el objetivo de permitir que los fondos públicos no utilizados al final del año fiscal puedan ser reasignados a proyectos de desarrollo a nivel departamental. Sin embargo, un grupo de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil han interpuesto un recurso legal alegando que esta medida es inconstitucional.
Según los demandantes, el Decreto 7-2025 viola principios fundamentales como la transparencia y el adecuado uso de los recursos públicos. Argumentan que permitir la reasignación discrecional de fondos sin un proceso de rendición de cuentas y aprobación legislativa abre la puerta a posibles actos de corrupción y desvío de recursos.
"Es importante que existan mecanismos de control y fiscalización sobre el manejo de las finanzas públicas. El Decreto 7-2025 concentra demasiado poder en los Codede sin las debidas salvaguardas", señaló uno de los abogados que presentó la acción de inconstitucionalidad.
Por su parte, el gobierno ha defendido la medida argumentando que busca agilizar la ejecución de proyectos de desarrollo en las regiones y evitar que los recursos queden ociosos al final del año. Aseguran que existen suficientes controles y que los Codede deberán rendir cuentas sobre el uso de los fondos reasignados.
La acción legal presentada este viernes será analizada por la Corte de Constitucionalidad, que deberá determinar si el Decreto 7-2025 se ajusta o no a la Carta Magna. Mientras tanto, la aplicación de esta normativa quedará suspendida hasta que se resuelva el proceso judicial.
Este caso pone de manifiesto la tensión entre la necesidad de agilizar la ejecución presupuestaria y los mecanismos de control y rendición de cuentas. Será crucial que la Corte de Constitucionalidad logre un equilibrio que permita avanzar en el desarrollo regional sin descuidar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.
