La Provincia de Tucumán se encuentra en una batalla legal contra Hidroeléctrica Tucumán SA (HTSA), la empresa que explota la concesión del dique de El Cadillal. El Gobierno provincial reclama una suma millonaria por las reparaciones efectuadas en los últimos tres años en la presa lateral N 3 de la represa.
El proceso se encuentra en etapa probatoria, y las partes han presentado diversos informes, declaraciones testimoniales y documentación ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N 1 con sede en Buenos Aires. La Fiscalía de Estado, a cargo de Gilda Pedicone, elevó ante el juzgado una serie de informes donde constan los certificados de pago ejecutados por la Provincia, que dan cuenta de una inversión superior a los $15.300 millones.
La mayor parte de este monto corresponde a la UTE Merco Vial SA y Sabavisa SA, adjudicataria de la obra que busca resolver el problema de las filtraciones en ese sector del dique. Según el desagregado, esta firma percibió $14.927 millones en los últimos tres años. Además, se suman los $391 millones pagados a Vardé y Asociados SA, contratado por la Dirección Provincial del Agua (DPA) para la inspección y asesoramiento técnico de los trabajos.
En el planteo inicial, la Provincia había elevado un reclamo por $936 millones, cifra que fue actualizada con la ampliación de la demanda. Desde el Gobierno provincial aclararon que el monto definitivo que se pretende recuperar quedó sujeto a los certificados correspondientes al avance de la obra.
Por su parte, la empresa Hidroeléctrica Tucumán SA ha negado que corresponda cubrir los costos de las reparaciones y cuestionó la necesidad y urgencia de los trabajos. La concesionaria presentó declaraciones de testigos, entre ellos ingenieros civiles, que afirmaron que no hubo negligencia o mantenimiento insuficiente por parte de la empresa.
Sin embargo, la Fiscalía de Estado argumentó que la obra y el gasto fueron realizados por la Provincia ante el incumplimiento de la concesionaria en la toma de medidas y trabajos necesarios para el mantenimiento y cuidado de la presa lateral N 3. Ahora, el juez Enrique Alonso Reguera deberá resolver si corresponde hacer lugar al pedido de la Provincia.
Este expediente contiene quizás el reclamo judicial de mayor envergadura económica contra un particular que tramita la Provincia de Tucumán en la actualidad, tanto en tribunales locales como en el ámbito federal.
