El reciente enfrentamiento armado en una bocamina de Pataz, en la región de La Libertad, ha desatado una disputa entre el Gobierno central y los gobiernos regionales sobre quién es el responsable de la violencia y la minería ilegal en el país.
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) señaló que este hecho "no es un caso aislado, sino la consecuencia de la ausencia de una estrategia eficaz por parte del Ejecutivo" para combatir este problema. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, respondió culpando a los gobiernos regionales por no haber enfrentado la minería ilegal de manera efectiva en las últimas décadas.
"Durante décadas, los gobiernos regionales han usufructuado esa autonomía para manejar recursos del pueblo sin lograr eficiencia ni resultados alguno. El tema de Pataz es un tema de minería ilegal que viene de décadas anteriores y que ningún gobierno enfrentó, porque, claro, nadie estaba dispuesto a asumir el costo político", sostuvo Álvarez.
El enfrentamiento armado en Pataz dejó un saldo de tres personas fallecidas y dos detenidas. Según Álvarez, la situación se desencadenó luego de que un grupo armado intentó robarle el oro a mineros artesanales. "Personas armadas han muerto en un intento de robo de oro", afirmó.
Álvarez también cuestionó a los gobiernos regionales, señalando que "los gobiernos regionales implicados en la minería ilegal, ¿acaso no tienen responsabilidad alguna en este problema? ¿Este Gobierno que tiene apenas dos meses es responsable de la minería ilegal y de las consecuencias humanas y criminales que la minería ilegal representa?"
La violencia en torno a la minería ilegal en Pataz pone en evidencia un problema que se arrastra desde hace décadas y que involucra a diferentes actores, tanto del Gobierno central como de los gobiernos regionales. Mientras ambos se culpan mutuamente, la violencia y la explotación ilegal de recursos continúan cobrando vidas en el país.
