El Gobierno de China ha calificado de "discriminatorio" e "injusto" el inicio de la fase definitiva del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea, conocido como el "arancel al carbono". China advirtió que adoptará "las medidas necesarias" en respuesta a esta medida.
Desde el 1 de enero, los importadores de determinados productos intensivos en emisiones, como el acero, hierro, cemento, aluminio, fertilizantes, hidrógeno y electricidad, deberán pagar por el CO2 incorporado en los bienes que entren en la UE. Tras un periodo transitorio entre 2023 y 2025, el sistema pasará a requerir la compra y entrega de certificados CBAM, cuyo precio estará vinculado al mercado europeo de derechos de emisión (EU ETS).
En un comunicado, un portavoz del Ministerio de Comercio de China acusó a Bruselas de "hacer caso omiso" a los "enormes logros" de Pekín en el desarrollo verde y bajo en carbono, estableciendo valores por defecto básicos "significativamente elevados" para la intensidad de las emisiones de carbono de los productos chinos. Según China, esto "no se ajusta al nivel real actual" ni a las "tendencias de desarrollo futuras", y constituye un "trato injusto y discriminatorio".
Pekín considera que la UE "ignora la responsabilidad histórica en las emisiones, las etapas de desarrollo nacional y los niveles tecnológicos", y, bajo la excusa de "prevenir la fuga de carbono", impulsa un "nuevo proteccionismo comercial, imponiendo sus propios estándares de carbono a los países en desarrollo".
En este contexto, el vocero instó a la UE a "respetar" las normas internacionales en materia de clima y comercio, "abandonar el unilateralismo y el proteccionismo", mantener los mercados abiertos y promover la "liberalización y facilitación del comercio y la inversión" en el ámbito verde. China advirtió que "adoptará con firmeza todas las medidas necesarias para responder a cualquier restricción comercial injusta y salvaguardar sus intereses de desarrollo".
Esta disputa comercial en torno a las políticas climáticas refleja las tensiones entre China y la Unión Europea en un momento en que ambas potencias buscan liderar la transición hacia una economía más sostenible. Mientras Bruselas intenta establecer mecanismos para evitar la fuga de carbono, Pekín considera que estos instrumentos son injustos y discriminatorios para sus exportaciones.
