En un hecho relevante para el panorama político peruano, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha informado que diez partidos políticos recibirán fondos públicos mensuales y proporcionales a su representación en el Congreso, hasta el 26 de julio de 2026. Estos recursos, que ascienden a un total de S/ 8'881,057.39 para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 26 de julio del 2026, serán entregados a las agrupaciones políticas como parte del financiamiento público directo otorgado según lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas.
La resolución aprobada por la ONPE fija el 10 de agosto como fecha límite para que los partidos beneficiarios presenten informes detallados y documentados sobre los gastos efectuados con estos recursos públicos. Según la normativa, hasta el 50% de estos fondos podrá ser utilizado en gastos de funcionamiento ordinario, mientras que no menos del 50% deberá destinarse a actividades de formación, capacitación, investigación y difusión, bajo criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres.
Este financiamiento público directo a los partidos políticos con representación en el Congreso forma parte del sistema de financiamiento establecido en la Ley de Organizaciones Políticas. El monto total de los fondos que otorga el Estado a estos partidos resulta de multiplicar el número total de votos emitidos para elegir congresistas por el 0.1% de la unidad impositiva tributaria (UIT), lo que asciende a S/ 77'980,016.40 para el quinquenio 2021-2026.
La transferencia de estos fondos se realiza a razón de un quinto por año, distribuyéndose un 40% en forma igualitaria entre todos los partidos políticos y un 60% en forma proporcional a la sumatoria de los votos obtenidos para la elección de congresistas. Cabe destacar que el dinero empleado con fines distintos a los establecidos en la ley deberá ser devuelto en caso de que se dicte una sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada.
Esta medida forma parte del marco legal que regula el financiamiento de los partidos políticos en el Perú, con el objetivo de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos destinados a estas organizaciones. A medida que nos acercamos a las elecciones generales de 2026, este tipo de disposiciones adquieren una relevancia crucial para garantizar la equidad y la integridad del proceso electoral.
