El narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín, imputado por el tráfico de 2.200 kilos de cocaína, presentó un recurso de habeas corpus ante la Justicia en el que denuncia estar siendo sometido a "tortura psicológica", "aislamiento prolongado" y a una vulneración de sus derechos constitucionales durante su reclusión en el sistema penitenciario argentino.
Fernández Albín, quien permanece actualmente en el sector de diagnóstico del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en la cárcel de Punta de Rieles, bajo un régimen de aislamiento total, alega que las condiciones de detención son innecesarias y desproporcionadas, teniendo en cuenta que ya estuvo 16 años privado de libertad y no registró antecedentes de mala conducta ni problemas de convivencia durante encarcelamientos anteriores.
Según la defensa del narcotraficante, este se encuentra sin contacto con otros internos, no puede recibir visitas familiares ni encomiendas con alimentos, y solo tiene permitido reunirse con sus abogados. Además, denuncia haber recibido amenazas por parte de efectivos policiales encargados de su custodia, lo que, sumado al aislamiento, constituiría una forma de intimidación ilegítima y tortura psicológica.
Por su parte, desde el Ministerio del Interior de Argentina rechazaron categóricamente que se estén vulnerando los derechos del imputado. Señalaron que desde su imputación, el pasado 19 de diciembre, Fernández Albín se reunió en tres oportunidades con sus abogados y que no existe una prohibición absoluta de recibir elementos personales, aunque en una ocasión se detectó marihuana oculta dentro de un pomo de pasta de dientes, lo que motivó restricciones adicionales por razones de seguridad.
El lunes se realizó una audiencia judicial en la que se escucharon los argumentos de ambas partes, y la Justicia deberá resolver el próximo martes si hace lugar o no al recurso de habeas corpus presentado por el narcotraficante.
Este caso pone de manifiesto las tensiones y desafíos que enfrentan los sistemas penitenciarios a la hora de garantizar los derechos de los reclusos, especialmente en el caso de individuos acusados de delitos graves como el narcotráfico. La resolución de la Justicia será clave para determinar si las condiciones de detención de Fernández Albín se ajustan a la normativa vigente y respetan sus garantías constitucionales.
