El Gobierno de Ecuador ha tomado medidas extraordinarias ante el aumento del 18% en los asesinatos intencionados entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025. El presidente Daniel Noboa firmó un decreto que impone el estado de excepción durante 60 días en nueve provincias y en una serie de cantones específicos del país.
Según la información difundida por [nombre de la fuente], la normativa decretada por el presidente ecuatoriano abarca las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos. Además, la medida afecta a los cantones de La Maná en Cotopaxi, así como Las Naves y Echeandía en Bolívar. Durante este periodo, quedan suspendidos los derechos de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia en estos territorios.
El texto del decreto precisa que las fuerzas armadas y otros cuerpos de seguridad podrán realizar allanamientos sin orden judicial, siempre que existan indicios objetivos y razonables de que en el interior de un inmueble se ocultan integrantes de bandas armadas organizadas o estructuras del crimen organizado. Además, podrán acceder a la correspondencia de los habitantes de estas zonas con el fin de identificar, analizar y recopilar información relacionada con la prevención o neutralización de riesgos.
Según los informes citados por [nombre de la fuente], las provincias afectadas reúnen el 92,1% de la violencia que se registra a nivel nacional durante el periodo analizado. Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena aparecieron como los principales focos de homicidios y delitos graves.
El gobierno justifica la medida por la necesidad de responder ante una "grave conmoción interna" y busca un abordaje inmediato de las amenazas, permitiendo a la fuerza pública actuar con mayor margen en la persecución del delito. Sin embargo, se aclara que las intervenciones deberán estar debidamente fundamentadas y respetar los derechos no suspendidos.
Según el decreto, la vigencia de 60 días surge como respuesta directa a la escalada de homicidios, que alcanzó un total de 1.232 muertes violentas en las áreas bajo el nuevo régimen legal. Las autoridades esperan que la intervención de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad permita frenar el auge de la violencia y recopilar pruebas que faciliten la judicialización posterior de los responsables.
El balance de la aplicación de la medida será objeto de monitoreo constante para evaluar su eficacia en la reducción de muertes y en la desarticulación de los grupos armados organizados identificados como responsables principales del repunte en los crímenes registrados en Ecuador.
