El gobierno del presidente Luis Abinader se enfrenta a un desafío crucial en los próximos años: mantener la integridad de la administración pública y evitar la corrupción, especialmente a medida que se acercan las elecciones de 2028. Expertos advierten que el período preelectoral puede generar mayores tentaciones de desvío de fondos públicos y prácticas corruptas.
Según el análisis, la proximidad del proceso electoral del 2028 podría despertar "no solo pasiones, sino también ambiciones, ansias de riquezas rápidas, fáciles y desmedidas" entre algunos funcionarios públicos. Esto pone en riesgo la estabilidad democrática y el bienestar general de la población.
Para contrarrestar esta amenaza, se insta al gobierno a extremar la vigilancia y activar todos los mecanismos de control y fiscalización disponibles. Organismos como la Cámara de Cuentas, el Ministerio de Administración Pública, la Contraloría General y la Dirección General de Contrataciones Públicas, entre otros, deberán desempeñar un papel crucial.
Además, se señala que el presidente Abinader tiene la responsabilidad de garantizar el manejo ético de los recursos del Estado, no solo por el bien de la nación, sino también por su propio bienestar político, ya que está llamado a completar sus dos períodos presidenciales con la mayor pulcritud.
La corrupción ha sido un problema endémico en la República Dominicana, afectando a varios gobiernos democráticos en las últimas décadas. Casos recientes, como la "Operación Calamar" que involucró a colaboradores del expresidente Danilo Medina, y denuncias de mala administración durante el gobierno de Abinader, ponen de manifiesto la urgencia de fortalecer los controles y la transparencia en la gestión pública.
Expertos advierten que la corrupción se ha llevado gran parte de los recursos del Estado, impidiendo que el crecimiento económico se traduzca en una reducción efectiva de la pobreza. Por ello, la lucha contra la corrupción se presenta como una prioridad crucial para el gobierno de Abinader en los próximos años.
