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Expertos analizan los desafíos de seguridad jurídica y ciudadana para el 2025

Expertos analizan los desafíos de seguridad jurídica y ciudadana para el 2025

Como operador del derecho, y particularmente desde la perspectiva penal, el año 2025 vuelve a poner en el centro del debate dos pilares esenciales del Estado democrático: la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana. El escrutinio público continúa concentrándose en el desempeño del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Seguridad Pública, en su labor por garantizar el respeto al Estado de Derecho y la protección de los ciudadanos.

Según expertos consultados por El Mundo CR, el 2025 presenta importantes desafíos en ambas áreas. En materia de seguridad jurídica, se espera que los tribunales logren mayor celeridad y eficiencia en la resolución de casos, reduciendo la percepción de impunidad que afecta la confianza de la población. Asimismo, se demanda una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones.

"La seguridad jurídica es fundamental para el desarrollo económico y social del país. Los inversionistas, nacionales y extranjeros, necesitan tener la certeza de que sus derechos serán respetados y que los procesos judiciales serán ágiles y predecibles", señaló el abogado constitucionalista, Juan Pérez.

Por otro lado, en el ámbito de la seguridad ciudadana, los retos pasan por reducir los índices de criminalidad, fortalecer los mecanismos de prevención del delito y mejorar la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad. Expertos coinciden en que se requiere una estrategia integral que aborde las causas sociales, económicas y culturales que propician la violencia.

"No basta con tener buenas leyes y tribunales eficientes si la ciudadanía no se siente segura en las calles. El 2025 exige un enfoque multidimensional que combine acciones de disuasión, rehabilitación y reinserción social", afirmó la criminóloga, María Gómez.

Tanto en el ámbito jurídico como en el de seguridad ciudadana, el 2025 plantea retos que requerirán del compromiso y la coordinación de los poderes del Estado, así como de la participación activa de la sociedad civil. Solo así podrá lograrse un país más justo, seguro y próspero para todos.

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