En 2001, el Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela aprobó una ley que afirmaba la propiedad estatal de todas las reservas de petróleo y gas, reservando las actividades de exploración y extracción a las empresas controladas por el Estado. Esta medida enfureció profundamente a las empresas petroleras estadounidenses, en particular a ExxonMobil y Chevron, que presionaron al Gobierno de George W. Bush para que actuara contra Chávez.
Estados Unidos intentó organizar un golpe de Estado para derrocar a Chávez en 2002, que duró unos días, y luego presionó a la dirección de la petrolera venezolana para que iniciara una huelga con el fin de dañar la economía venezolana. Sin embargo, Chávez resistió tanto el intento de golpe como la huelga gracias al amplio apoyo de la población.
Desde entonces, Estados Unidos ha librado una guerra híbrida contra Venezuela, utilizando la coacción económica, el estrangulamiento financiero, la guerra de información y la presión diplomática para desestabilizar y revertir el proceso bolivariano liderado por Chávez y continuado por Nicolás Maduro.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2017 y 2018 han tenido un impacto devastador en la economía venezolana, agravando la crisis y el sufrimiento de la población. Sin embargo, el Gobierno de Maduro se ha mantenido firme en su defensa de la soberanía nacional y el control estatal sobre los recursos petroleros.
La disputa entre Venezuela y Estados Unidos por el petróleo es, en realidad, una lucha de clases internacional entre el derecho del pueblo venezolano a controlar libremente sus recursos naturales y el de las compañías petroleras estadounidenses a dominar esos recursos. La guerra híbrida de Estados Unidos busca someter a Venezuela a sus intereses, pero el proceso bolivariano se ha convertido en una fortaleza cívico-militar casi inexpugnable.
