El Gobierno de Guatemala ha asegurado que la suspensión del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2026, ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC), no afectará la continuidad de los servicios públicos ni el funcionamiento del Estado.
En un comunicado de prensa emitido el 30 de diciembre, el Ejecutivo indicó que la CC dejó en suspenso el presupuesto por motivos de forma, pero que el Gobierno actuará dentro del marco de la legalidad para cumplir sus compromisos con la población.
Según lo explicado, cuando un presupuesto no entra en vigencia, la Constitución de la República establece mecanismos para garantizar la continuidad del Estado, aplicándose el presupuesto anterior, lo que permite que las instituciones públicas sigan operando con normalidad.
Asimismo, el Gobierno informó que trabajará en un reajuste presupuestario inicial que permita garantizar un uso adecuado de los recursos, acorde a las necesidades de la población, mientras se avanza en una solución legal al tema presupuestario.
En enero, el Ejecutivo trasladará al Congreso de la República una iniciativa de ley para modificar el presupuesto y adecuarlo a los desafíos económicos, sociales e institucionales del 2026, así como a los objetivos del tercer año de gobierno.
El comunicado también señala que el objetivo del Gobierno es continuar brindando servicios esenciales como salud, seguridad y educación, además de promover el crecimiento económico y la generación de empleo, como bases del desarrollo y bienestar de la población.
La suspensión del Presupuesto 2026 por parte de la Corte de Constitucionalidad se produce en un momento crucial para el país, en el que el Gobierno busca asegurar la continuidad de los servicios públicos y avanzar en su agenda de desarrollo. Aunque se trata de una situación compleja, el Ejecutivo guatemalteco ha manifestado su compromiso de actuar dentro del marco legal y garantizar el bienestar de la población.
