Tras 12 audiencias, finalizó la formalización de la "Operación Apocalipsis", un caso que involucra a 70 personas 47 gendarmes y 23 civiles y que dejó al descubierto una red de corrupción al interior de los centros penitenciarios chilenos.
El 12 Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para 62 de los imputados, incluidos 42 exgendarmes. El juez de garantía, Francisco Ramos, calificó estos hechos como "corrupción institucional, sistémica, articulada a través de asociaciones criminales que durante años transformaron el sistema penitenciario en un mercado ilícito paralelo".
La investigación reveló que esta red facilitaba el ingreso de artículos prohibidos, como celulares, drogas, alimentos y bebidas alcohólicas a las cárceles, a cambio de grandes sumas de dinero. Entre los cargos imputados se encuentran asociación ilícita, soborno, cohecho y lavado de activos, ilícitos que habrían generado ganancias por más de 6.300 millones de pesos.
Según el Ministerio Público, las pruebas incluyen miles de horas de conversaciones telefónicas, cerca de 9 mil transacciones comerciales y registros audiovisuales que muestran el ingreso de encomiendas a las prisiones. Incluso se detectaron denuncias cruzadas entre las propias bandas, que competían por la venta de los artículos que ingresaban a través de los mismos canales.
Entre los imputados se encuentran tanto gendarmes como civiles, quienes habrían participado en el esquema de corrupción. La Fiscalía también mencionó la existencia de "las gatitas", personas principalmente de género femenino que prestaban servicios sexuales.
El juez Ramos señaló que la prisión preventiva decretada no es una medida excepcional, sino la respuesta jurídica necesaria frente a estas organizaciones criminales que convirtieron el sistema penitenciario en un "mercado ilícito paralelo" durante años.
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