Cinco años después de la aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, un informe de Amnistía Internacional denuncia un preocupante retroceso en el acceso seguro al aborto durante el gobierno del presidente Javier Milei.
El informe revela que desde la asunción del actual gobierno nacional se interrumpió la compra y distribución de insumos necesarios para garantizar el acceso a la IVE/ILE. Además, se desarticuló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA) y se redujo drásticamente la distribución de métodos anticonceptivos y tests de embarazo a las provincias.
Según Amnistía Internacional Argentina, estas medidas "debilitan el rol del Estado como garante de derechos", "profundizan las barreras preexistentes" en el acceso al aborto seguro y "agravan las desigualdades sociales". La organización exige al Gobierno Nacional que garantice los presupuestos sostenidos para adquirir métodos anticonceptivos y medicación específica, y que cumpla con la centralización de las compras para evitar faltantes.
El informe también destaca que, en el último año, Amnistía Internacional registró un aumento del 275% en las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por obstáculos en el acceso al aborto, en comparación con 2023. Además, entre enero y abril de 2025, la organización ha recibido 160 casos, lo cual representa el 133% del total recibido durante todo el 2024.
En este contexto, la directora ejecutiva de Amnistía Argentina, Mariela Belski, planteó que la "ofensiva" contra los derechos de autonomía sexual y reproductiva "cobró fuerza durante el gobierno de Javier Milei, quien ejecutó un grotesco desmantelamiento institucional de políticas públicas vinculadas a estos derechos".
Según el informe, la desinformación se ha convertido en una barrera crítica, ya que no hay campañas de difusión, la línea 0800 de Salud Sexual presenta dificultades para responder y no se publican datos actualizados sobre la implementación de la ley.
Finalmente, el documento insta a garantizar una atención digna mediante la capacitación obligatoria del personal sanitario y el monitoreo de posibles obstáculos institucionales.
