Después de meses de bloqueo judicial, un juez federal de California permitió el intercambio de ciertos datos de Medicaid con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a partir del 6 de enero de 2026.
El juez federal Vince Chhabria, del Distrito Norte de California, resolvió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) actuaron dentro de la ley al autorizar el intercambio de datos básicos de beneficiarios de Medicaid con fines de control migratorio.
La decisión, fechada el 29 de diciembre de 2025, rechazó en parte el pedido de los estados demandantes para frenar por completo esa práctica y habilitó al ICE a volver a utilizar información proveniente de programas de salud pública en investigaciones de inmigración a partir del 6 de enero de 2026.
El magistrado consideró que, en lo referido a ciertos datos elementales, las agencias federales explicaron de manera suficiente por qué modificaron su política previa, que durante años evitó usar información de Medicaid para tareas de inmigración.
La resolución judicial delimitó con precisión qué datos pueden ser compartidos entre los organismos federales. Según el fallo, el intercambio permitido se restringió exclusivamente a información considerada básica, de identificación y contacto, siempre que corresponda a personas que se encuentren en Estados Unidos sin estatus migratorio legal y que reciban beneficios de Medicaid administrados por los estados.
Entre los datos que el juez autorizó a compartir se encuentran: nombre, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono y número de Seguro Social. Chhabria explicó que este tipo de información ya es exigida por ley a los migrantes en distintos trámites ante el DHS, por lo que su utilización no implicó una expansión ilegítima del poder del gobierno federal.
Además, remarcó que existen normas específicas del Congreso que obligan a otras agencias a poner a disposición del DHS datos sobre identidad y localización de personas extranjeras cuando se solicita formalmente.
Sin embargo, el juez también fijó límites estrictos. Chhabria concedió la medida cautelar solicitada por los estados en todo lo que exceda la información básica autorizada y cuestionó con dureza la vaguedad de las nuevas políticas federales.
En particular, el fallo bloqueó cualquier intento de compartir información médica detallada, como diagnósticos, tratamientos o historial clínico. El magistrado sostuvo que las políticas del ICE no explicaron de manera coherente por qué necesitarían acceder a ese tipo de datos ni cuáles serían los riesgos de compartirlos.
Desde la administración Trump celebraron la resolución como un respaldo a su política migratoria, calificándola como "una victoria para el Estado de derecho y para los contribuyentes estadounidenses". No obstante, la orden judicial permanecerá vigente hasta que concluya el proceso o hasta que el gobierno emita nuevas políticas que expliquen de manera detallada y justificada por qué necesitaría acceder a información adicional.

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