El Ministerio de Educación Nacional tomó la decisión de apartar del cargo a John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia, la institución de educación superior más importante del departamento y la segunda más relevante del país. Esta medida, que aún no tiene efectos jurídicos, tiene como objetivo que el nuevo rector encargado, Héctor Iván García García, implemente las acciones necesarias para superar los hallazgos administrativos y financieros que ha identificado el Ministerio en la universidad.
Según el Ministerio, durante el último año se han identificado nuevas condiciones asociadas a la situación administrativa y financiera de la Universidad de Antioquia, siendo la más preocupante la relacionada con la fluidez de caja y el deterioro de los indicadores financieros de la institución. Por esta razón, la cartera ha adoptado una serie de medidas en los últimos meses, como la declaración de "vigilancia especial" y la suspensión de nuevos acuerdos, convenios o contratos que no tengan una relación directa con la prestación del servicio público de educación superior.
Sin embargo, el balance que hace el Ministerio del cumplimiento de estas órdenes es malo, y señala directamente al rector Arboleda como responsable de haber dificultado la adopción y ejecución de las acciones necesarias. Según la entidad, Arboleda incumplió lo ordenado en cuanto a la elaboración, presentación e inicio efectivo del plan de mejoramiento, así como la implementación de un Plan Integral de Saneamiento Financiero.
Adicionalmente, el Ministerio afirma que el rector obstaculizó la ejecución de la medida de inspector in situ, al entregar la información solicitada de manera "parcial, insuficiente o con restricciones en el acceso".
La Universidad de Antioquia atraviesa una de sus peores crisis financieras, con graves problemas de liquidez, un déficit estructural creciente y el deterioro sostenido de sus indicadores financieros. Esta situación ha llevado al Gobierno a tomar esta medida de carácter "progresivo, preventivo y proporcional", con el objetivo de salvaguardar la sostenibilidad institucional y los derechos de la comunidad universitaria.
