La Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la condena de 20 años de prisión contra Argenis Contreras González, hallado culpable del asesinato del abogado y catedrático universitario Yuniol Ramírez Ferreras, así como de actos de extorsión vinculados a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
Los jueces Daniel Julio Nolasco Olivo, July Elizabeth Tamaríz Núñez y Mariana Daneira García Castillo rechazaron el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Contreras, confirmando la sentencia emitida previamente por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El fiscal Jonathan Pérez Fulcar, representante de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó que el tribunal acogió los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público en la audiencia.
Con esta decisión, Contreras continuará cumpliendo su condena de 20 años en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
El caso se remonta al asesinato del profesor universitario Yuniol Ramírez Ferreras, ocurrido en octubre de 2017. Ramírez, quien se desempeñaba como abogado y catedrático en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), fue encontrado muerto en un arroyo de la localidad de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
La investigación reveló que Contreras, quien en ese momento se desempeñaba como director de Seguridad de la OMSA, estuvo involucrado en el crimen. Según las autoridades, Ramírez había denunciado actos de corrupción en la institución, lo que habría motivado su asesinato.
Tras un largo proceso judicial, en 2021 Contreras fue declarado culpable y condenado a 20 años de prisión por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. La defensa apeló la decisión, pero ahora la Corte de Apelación ha ratificado la sentencia.
Este fallo representa un importante avance en la lucha contra la impunidad y la corrupción en República Dominicana. El caso de Yuniol Ramírez ha conmocionado a la sociedad y ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y la protección de los denunciantes de actos ilícitos.
La confirmación de la condena a Argenis Contreras envía un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley y que los crímenes, incluso aquellos vinculados a altos niveles de la administración pública, serán perseguidos y sancionados.
