En Chile, hay niños y niñas que pasan sus primeros dos años de vida sin contacto con el exterior, sin acceso a luz natural ni áreas verdes. Son hijos de mujeres privadas de libertad y, aunque no forman parte de la población penal, viven bajo la misma condición de encierro que sus madres.
La socióloga Marcia Tijero, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), recuerda el caso de un niño hijo de una mujer inmigrante venezolana, nacido en prisión. Antes de cumplir los dos años, el niño no conocía el pasto, no había visto perros, autos ni calles. Su caso no es aislado: hasta abril del año pasado, 206 mujeres se encontraban recluidas en las Secciones Materno-Infantiles (SMI) de las distintas cárceles del país, y 136 de ellas vivían junto a sus hijos menores de dos años.
Las condiciones de estas SMI son precarias, con espacios adaptados sin una planificación adecuada. Los niños suelen gatear sobre cemento o dormir en ambientes ruidosos y hacinados, expuestos a la lógica carcelaria desde muy temprana edad. Esto genera un entorno que vulnera los derechos básicos de la infancia, advierte el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT).
Hasta hace poco no existía un protocolo dirigido específicamente a la niñez en contexto carcelario. La reciente Resolución Exenta 1426 de Gendarmería de Chile es un intento por abordar esta ausencia, pero organizaciones civiles advierten que los avances normativos no se han traducido en mejoras concretas.
La separación obligatoria a los dos años marca un punto de inflexión en la vida de estos niños, quienes deben enfrentar de manera abrupta un entorno completamente desconocido. Según expertos, esta ruptura choca directamente con las necesidades del desarrollo infantil y da inicio a una nueva serie de dificultades para sostener el vínculo con sus madres.
Así, la situación de los niños y niñas que viven en cárceles abre una discusión más amplia sobre la perspectiva de género en el sistema penitenciario y la necesidad de pensar alternativas al encarcelamiento de mujeres cuidadoras.
