Después de 28 años de libre flotación, el gobierno boliviano anunció el retorno a un régimen de precios regulados para los derivados del petróleo, a través del Decreto Supremo N 5503 promulgado el 18 de diciembre. Esta medida, que forma parte de un paquete económico más amplio, busca hacer frente a la crisis fiscal y la creciente inflación que aquejan al país.
El decreto establece un nuevo esquema de precios para el diésel y la gasolina, acercándolos gradualmente a los niveles internacionales y reduciendo así el costo fiscal de los subsidios. Si bien se mantendrá cierto grado de subvención, el objetivo es eliminar los incentivos al contrabando y frenar el endeudamiento y la emisión monetaria que han sostenido los precios artificialmente bajos.
Más allá de los combustibles, el DS 5503 incluye otras disposiciones relevantes, como la liberalización de las exportaciones de alimentos, la creación de un "Régimen Extraordinario de Protección y Promoción de Inversiones" y la eliminación de la "Autorización Previa de Importación" para varios productos. Estas medidas buscan impulsar la actividad económica y atraer inversiones en un contexto de profunda crisis.
Sin embargo, el decreto también ha generado preocupación por algunos elementos cuestionables, como el diferimiento de créditos de vivienda social, el aumento de bonos sociales que comprometen la sostenibilidad fiscal, y dudas sobre la constitucionalidad de instrucciones al Banco Central. Expertos señalan que, si bien el DS 5503 contiene algunas señales positivas, aún faltarían transformaciones estructurales más profundas para lograr un "shock" económico.
En conjunto, el retorno al control de precios de combustibles marca un hito en la política económica boliviana, luego de casi tres décadas de liberalización. Si bien la medida busca aliviar la crisis fiscal y la inflación, su efectividad y los eventuales costos sociales y económicos serán objeto de estrecho seguimiento en los próximos meses.
