La ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo, presentó una grave denuncia contra tres altos funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) por presuntamente ofrecer servicios remunerados vinculados a sus funciones institucionales, tanto en Chile como en el extranjero.
Según el sumario administrativo iniciado por la ministra Gajardo, los acusados son Mario Lara Orellana, jefe del Departamento de Desarrollo Institucional (DDI); Esteban Paiva Jara, jefe del Subdepartamento de Modernización; y Pablo Cabezas Fernández, jefe del Laboratorio de Innovación.
La investigación reveló que estos funcionarios habrían sido contratados por la República Dominicana y también habrían ofrecido servicios en Argentina y Chile a través de la sociedad Innovectio SpA, de la cual serían socios.
La ministra Gajardo considera que estos hechos podrían constituir el delito de negociación incompatible y remitió el caso al fiscal nacional, Ángel Valencia, para que se determine si corresponde iniciar una investigación penal.
"El cuestionamiento central de la ministra es que estos servicios estarían 'relacionados directamente con las funciones que cumplen en la CAPJ'", señala el informe. En el máximo tribunal sospechan que los funcionarios pudieron haber utilizado conocimientos obtenidos en el ejercicio de sus labores para comercializarlos posteriormente.
Los involucrados, por su parte, confirmaron que se encuentran ejerciendo sus descargos dentro del proceso administrativo, pero cuestionaron la filtración de antecedentes del sumario, señalando que "dañan la honra y afectan el principio de inocencia".
La gravedad de los hechos y la eventual repercusión internacional llevaron a que la investigación fuera derivada a una ministra de la Corte Suprema. El caso ha generado gran preocupación en el Poder Judicial y se espera que la justicia actúe con celeridad para esclarecer las responsabilidades.
