La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí, Rita Williams, decretó cuatro medidas cautelares para el extesorero de la Junta Comunal del corregimiento de David cabecera, luego de que se le imputaron cargos por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado agravado.
La juzgadora tomó la decisión durante una audiencia de solicitudes múltiples realizada el 27 de diciembre de 2025, en la cual ordenó arresto domiciliario en una residencia ubicada en la Urbanización Cerro Viento, en el corregimiento Rufina Alfaro del distrito de San Miguelito (solo podrá salir para asistir a su lugar de trabajo ubicado en Clayton); reporte periódico los lunes de cada semana en la sección de medidas cautelares del distrito de San Miguelito; prohibición de salida del país e ingreso a la provincia de Chiriquí (solo entrará para audiencias); y prohibición de acercarse a la Junta Comunal de David y visitar a las personas de la Junta Comunal de David Cabecera.
El tribunal de garantías previamente legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos por parte del Ministerio Público, que estuvo representado por la fiscal Yuly Fuentes, quien anunció recurso de apelación. La audiencia para atender el recurso se agendó para el 5 de enero de 2026.
La investigación de esta causa penal se inició luego de que la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público un informe de auditoría relacionado con una presunta malversación de fondos destinados a programas de interés social en la Junta Comunal de David cabecera entre 2019 y 2024.
El extesorero de la Junta Comunal, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, enfrenta cargos por el delito de peculado agravado, el cual se refiere al uso indebido de fondos públicos para beneficio personal o de terceros. Las medidas cautelares impuestas buscan asegurar su presencia durante el proceso judicial y evitar que pueda entorpecer la investigación.
La fiscal Yuly Fuentes anunció que apelará la decisión de la jueza, lo que significa que un tribunal superior revisará la legalidad y pertinencia de las medidas cautelares decretadas. Este caso se suma a la creciente preocupación por la corrupción en el manejo de fondos públicos a nivel local, y pone de relieve la importancia de la transparencia y rendición de cuentas en la administración de recursos destinados al bienestar de la comunidad.
