El presidente Gustavo Petro sorprendió al anunciar un aumento del 23% al salario mínimo en Colombia, elevándolo a 2 millones de pesos con auxilio de transporte para el año 2026. Esta decisión, que triplica la propuesta de los empleadores y supera en 7 puntos porcentuales la solicitud de los sindicatos, representa la mayor alza del salario mínimo en el país desde 1960.
La medida, anunciada en una alocución presidencial junto al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y la hija del mandatario, Antonella Petro, forma parte de la apuesta electoral del gobierno de izquierda para buscar la reelección. Petro justificó la decisión afirmando que "toda la información estadística muestra que es al contrario la correlación econométrica, entre más sube el salario mínimo el desempleo baja", desafiando los consensos de la mayoría de los economistas.
Sin embargo, el economista Simón Gómez, director del Centro de Pensamiento Vida de Economía Heterodoxa, advierte que "la redistribución que ha impulsado este gobierno necesita profundizar políticas agresivas de desarrollo productivo y que la una sin la otra es insostenible". Además, el aumento del mínimo en más de 4 veces la inflación proyectada podría ocasionar distorsiones graves en la economía, como más inflación y un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco de la República.
La decisión del gobierno de Petro recuerda a medidas similares adoptadas en países con gobiernos populistas que sufrieron hiperinflaciones, como Venezuela y Argentina. Según expertos, el cálculo del "salario mínimo vital" utilizado por el presidente tiene problemas técnicos, pues se basó en un informe de la OIT con datos de 2017 que no reflejan la realidad actual de los hogares colombianos.
Esta falta de claridad en los cálculos podría exponer el decreto a una demanda ante el Consejo de Estado, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la medida en el mediano plazo.
