La Fiscalía Nacional de Chile ha iniciado una investigación penal contra los dueños del proyecto minero Dominga, luego de una solicitud presentada por parlamentarios que alertaron sobre eventuales pagos a un estudio jurídico cuyos socios están formalizados en otra causa.
La apertura de la investigación fue confirmada por la Fiscalía, tras el requerimiento de los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini. Los legisladores entregaron antecedentes que apuntan a posibles ilícitos de carácter penal, entre ellos cohecho, soborno y tráfico de influencias.
Según la información recabada, todos los antecedentes aportados por los parlamentarios fueron derivados a la Fiscalía Regional de Los Lagos, unidad que quedó a cargo de encabezar las diligencias iniciales y evaluar la eventual configuración de delitos.
De acuerdo con lo expuesto en la presentación de los diputados, existe un eventual vínculo entre Andes Iron, empresa controladora del proyecto Dominga, y pagos que superarían los 250 millones de pesos al estudio jurídico de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas. Ambos profesionales se encuentran actualmente formalizados en la denominada arista Bielorrusa, asociada al caso Audio.
La investigación buscará determinar la naturaleza de estos pagos y si estos podrían constituir delitos contemplados en la legislación penal vigente, en el marco de las atribuciones del Ministerio Público.
El proyecto minero Dominga ha sido objeto de controversia en los últimos años, debido a las preocupaciones ambientales y sociales que ha generado. Ahora, la apertura de esta investigación penal agrega un nuevo capítulo a la compleja trama que rodea a este emprendimiento.
Es importante destacar que, hasta el momento, no se han presentado cargos formales contra los dueños del proyecto Dominga. La Fiscalía deberá llevar a cabo una exhaustiva investigación para determinar si existen indicios suficientes de actividades ilícitas.
La sociedad chilena seguirá de cerca los avances de esta investigación, en la que se pone en juego la transparencia y la rendición de cuentas de los actores involucrados en el desarrollo de proyectos de gran impacto económico y ambiental.
