Costa Rica ha retrocedido en una clasificación internacional dedicada al análisis del comercio ilícito transnacional, lo que refleja un deterioro sostenido del entorno en el país.
Según el Índice Mundial de Crimen Organizado, elaborado por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Costa Rica pasó del puesto 88 en 2021 al 72 en 2023, y luego descendió al puesto 58 entre 193 naciones evaluadas en la edición 2025.
El análisis evidenció un agravamiento en indicadores clave como la trata de personas y el comercio ilícito de productos sujetos a impuestos especiales, en particular tabaco y alcohol. Asimismo, el estudio incorpora el tráfico de cocaína y drogas sintéticas, además de cibercrímenes y delitos financieros.
De acuerdo con el informe, "la creciente presencia de redes criminales en múltiples sectores ha contribuido al aumento de los niveles de violencia, debido al uso de coerción psicológica y física para mantener el control".
La Cámara de Comercio de Costa Rica expresó inquietud ante las alertas señaladas en el informe, advirtiendo sobre el crecimiento acelerado del comercio de productos falsificados en el país, incluidos fertilizantes, calzado, artículos de higiene y prendas que imitan marcas reconocidas. Según la Cámara, este fenómeno, con creciente aceptación social, equivaldría a cerca del 2 % del PIB.
Además, el informe subraya riesgos para la salud pública, al indicar que los productos farmacéuticos falsificados se triplicaron durante 2023 y dominan el mercado ilícito, con alta procedencia desde Nicaragua.
En relación con los bienes sujetos a impuestos especiales, el informe mantiene una posición categórica: "el comercio ilícito de alcohol y cigarrillos constituye un mercado en expansión". Los cigarrillos de contrabando, provenientes en su mayoría de Panamá, Paraguay y China, alcanzarían casi la mitad del consumo nacional, con pérdidas fiscales significativas y una práctica ampliamente normalizada entre consumidores.
El Índice también documenta la articulación del contrabando con esquemas de lavado de dinero, señalando que "el contrabando de cigarrillos y alcohol continúa de forma generalizada, con más de 100 comercios minoristas en San José bajo sospecha de evasión fiscal y venta ilegal".
Según la evaluación, estructuras comerciales como llanteras, bares y restaurantes funcionaron como mecanismos para el blanqueo de ganancias del narcotráfico, situación que expone la vulnerabilidad del sector privado frente a delitos financieros.
