En un hecho que pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles de seguridad en los centros penitenciarios, cuatro oficiales de la Policía Penitenciaria fueron detenidos recientemente por intentar ingresar dispositivos prohibidos a dos cárceles del país.
Según informó el Ministerio de Justicia, dos de los uniformados fueron detenidos en la cárcel La Reforma, mientras que los otros dos fueron aprehendidos en la Unidad de Atención Inmediata (UAI) Pabru Presberi en Pérez Zeledón.
En el caso de La Reforma, la funcionaria de apellidos Escobar Mora portaba en sus pertenencias dos cargadores USB, pero solo uno contaba con el permiso correspondiente. Por otro lado, un oficial de apellidos Buzano Zúñiga llevaba un disco duro con cable USB sin la autorización necesaria.
En cuanto a los hechos ocurridos en Pérez Zeledón, un funcionario policial de apellido Bermúdez, con un cargo de supervisión, fue sorprendido con un manos libres, un cargador y una llave maya USB. Mientras que un funcionario administrativo del Ministerio de Justicia y Paz, encargado del transporte, de apellidos Rubí Jiménez, portaba un teléfono celular sin el permiso de ingreso.
Estas detenciones se enmarcan en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en las cárceles costarricenses. Según el Ministerio de Justicia, ya son 64 los funcionarios policiales y administrativos del sistema penitenciario que deben responder por acciones impropias.
La introducción de dispositivos electrónicos no autorizados en los centros penales puede representar un riesgo importante, ya que pueden ser utilizados para facilitar la comunicación entre reclusos y el exterior, o incluso para planificar actividades delictivas desde el interior de las prisiones.
Ante esta situación, las autoridades han reiterado la necesidad de fortalecer los controles y la vigilancia en las cárceles, con el objetivo de evitar que se produzcan este tipo de incidentes que ponen en peligro la seguridad y el orden dentro de los establecimientos penitenciarios.
Es fundamental que se tomen medidas efectivas para garantizar que los funcionarios penitenciarios cumplan con sus deberes de manera íntegra y responsable, y que se apliquen sanciones ejemplares a quienes intenten introducir elementos prohibidos en las prisiones. Sólo así se podrá mejorar la seguridad y la gobernabilidad del sistema carcelario costarricense.
