Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall y Cossette López, advirtieron este lunes que no permitirán que se "fracture el orden constitucional" en el país y calificaron como "injerencia indebida" cualquier intento de la Comisión Permanente del Parlamento de pronunciarse sobre el proceso electoral de noviembre.
En un comunicado, las consejeras señalaron que el escrutinio especial de actas con inconsistencias, iniciado el pasado 18 de diciembre, se ha visto afectado por "conductas deliberadamente dilatorias y obstructivas" por parte de miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR). Estas conductas incluyen la paralización injustificada de labores, tiempos irrazonables en el procesamiento de actas, la anulación de documentos sin causa legal e incluso hechos de violencia en instalaciones institucionales.
Hall y López sostuvieron que estas maniobras no son hechos "fortuitos ni aislados", sino parte de un "patrón de conducta sistemático y coordinado" destinado a "impedir la emisión de la declaratoria electoral y forzar la repetición de las elecciones". Según las consejeras, es "evidente a qué sector político beneficia este escenario de incertidumbre y desestabilización institucional".
Las consejeras recordaron que las atribuciones de la Comisión Permanente del Parlamento hondureño están "delimitadas" por la Constitución de Honduras y que cualquier actuación fuera de ese marco sería "inconstitucional e ilegal". Además, señalaron que el CNE se encuentra "dentro del plazo legal" para emitir la declaratoria oficial, por lo que la Comisión Permanente del Legislativo "carece de facultades" para pronunciarse sobre el proceso o la actuación de las consejeras.
En caso de que el CNE no proclame los resultados definitivos a más tardar el 30 de diciembre, el proceso pasará al Parlamento, cuyo presidente, Luis Redondo, del partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró este lunes que la Comisión Permanente, que instaló el 31 de octubre, está "lista" para convocar al pleno y llevar a cabo un "conteo voto por voto" de las Juntas Receptoras de Votos.
Hall y López denunciaron una serie de "ataques institucionales y personales" por parte del Ministerio Público (Fiscalía) y defendieron su gestión en "defensa del sistema democrático hondureño". Además, acusaron a sectores de partidos políticos de haber "pervertido" el diseño del sistema electoral, concebido para garantizar "coparticipación, equilibrio y control cruzado", al permitir un uso indebido de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento para paralizar y obstruir el escrutinio.
Las consejeras llamaron a los partidos políticos, a las misiones de observación nacional e internacional y al pueblo a permanecer "vigilantes ante cualquier nuevo atentado contra el proceso o quienes lo dirigimos".
