La reciente sanción de la Ley de Inocencia Fiscal ha introducido importantes cambios en el Régimen Penal Tributario (RPT) de Argentina. Entre las principales novedades, se destaca la implementación de nuevos filtros que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deberá cumplir antes de presentar denuncias penales contra contribuyentes.
Según el análisis de expertos, la nueva normativa busca evitar el uso indiscriminado del sistema penal en materia tributaria, reservando la intervención judicial únicamente para los casos que realmente lo ameriten. Para ello, se establecen tres pasos que AFIP deberá seguir antes de dar curso a una denuncia:
1. Verificar que se presenten todos los elementos objetivos y subjetivos del delito investigado, más allá de la simple superación de los montos mínimos de punibilidad. Es decir, no alcanza con que haya una diferencia en menos del tributo a ingresar, sino que debe demostrarse una conducta ardidosa y dolosa por parte del contribuyente.
2. Descartar que el ajuste realizado por la administración tributaria obedezca a una mera discrepancia técnica con el contribuyente, y no a una intención de ocultar renta al fisco. Para ello, deberá evaluar el criterio técnico aplicado por el contribuyente al momento de realizar su liquidación impositiva.
3. Contemplar si el contribuyente se adelantó y acreditó de manera previa o concomitante a la presentación de su declaración jurada, cuál fue su modalidad de liquidación, descartando así una intención de "ocultar" información al fisco.
Estos nuevos filtros buscan, en definitiva, limitar el uso del derecho penal tributario a los casos más graves, priorizando la resolución de las cuestiones impositivas por la vía administrativa siempre que sea posible.
Según los expertos, la norma realza la premisa de que el derecho penal debe ser la "última ratio" del ordenamiento jurídico, reservado únicamente para aquellos supuestos que justifiquen su mayor relevancia y no puedan ser abordados de manera suficiente por otras ramas del derecho.
De este modo, la Ley de Inocencia Fiscal apunta a generar un marco más claro y expedito para la resolución de conflictos tributarios, manteniendo la vía penal como excepción y no como regla general.
