Un reciente fallo judicial en Neuquén, Argentina, ha encendido una alarma urgente en la región por la difusión no consentida de videos íntimos de mujeres en grupos de mensajería. La investigación judicial reveló la existencia de carpetas con nombres y apellidos de mujeres, en las que circulaban imágenes y videos íntimos sin su consentimiento.
El juez a cargo del caso reconoció que esta práctica constituye violencia de género digital, y ordenó medidas de protección, la supresión del contenido, la prohibición de difusión, el resguardo de datos informáticos y la intervención de las plataformas involucradas, como Telegram y WhatsApp (Meta).
Este caso pone de manifiesto la necesidad de abordar la violencia digital con respuestas actuales, proactivas y eficaces. El consentimiento en el ámbito digital es específico, informado y revocable, y las "red flags" como pedidos insistentes de imágenes, presión emocional o control del celular deben ser reconocidas como señales de riesgo.
La dimensión tecnológica, con el uso de inteligencia artificial para editar imágenes y amplificar la viralización, agrava aún más el problema. Por eso, es urgente desarrollar inteligencia emocional digital y entender que detrás de cada pantalla hay una persona con derechos.
El silencio también daña, y no mirar, no reenviar, acallar o naturalizar la violencia digital es parte de la prevención. Dar a conocer casos como este, visibilizar la problemática y actuar para proteger a las víctimas es una tarea colectiva.
Especialmente en estas fiestas, cuando aumenta el tiempo frente a las pantallas y la exposición digital, es crucial que la prevención empiece en casa, con presencia adulta real, diálogo sin juicio y educación en consentimiento digital. La Justicia ha marcado un límite, y ahora el desafío es construir una cultura digital que respete la intimidad y use la tecnología con responsabilidad y empatía.
