La Asociación Americana de Juristas (AAJ), una organización no gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación permanente ante la ONU, ha denunciado ante la comunidad internacional la detención ilegal del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, advirtiendo además un riesgo vital inmediato producto de las condiciones inhumanas de su privación de libertad.
Según la declaración de la AAJ, Jorge Glas cumplió el 100% de las condenas en los casos Odebrecht y Sobornos el 2 de octubre de 2025, extinguiéndose toda potestad estatal para mantenerlo encarcelado por dichas causas. Sin embargo, la organización sostiene que Glas continúa privado de libertad de forma arbitraria en el caso "Reconstrucción de Manabí", sin notificación de la sentencia escrita de primera instancia, lo que vulnera gravemente el debido proceso, el derecho a recurrir el fallo y la tutela judicial efectiva, protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La AAJ alertó además sobre un deterioro físico severo de Jorge Glas, acreditado por un Informe de Valoración Médica Integral emitido el 22 de diciembre de 2025, que recomienda hospitalización inmediata no diferible. La organización responsabiliza internacionalmente al Estado ecuatoriano por la vida, salud e integridad personal de Glas, exigiendo el cumplimiento urgente de las medidas cautelares de la CIDH y de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La AAJ, comprometida históricamente con la defensa del Estado de Derecho, la independencia judicial y los derechos humanos, manifestó que la prolongación de la privación de libertad de Glas sin sentencia firme debidamente notificada es una forma de pena anticipada, expresamente prohibida por la jurisprudencia interamericana. Además, señaló que mantener a una persona privada de libertad en condiciones que ponen en riesgo su vida constituye trato cruel, inhumano y degradante.
La organización observa que el caso de Jorge Glas se inscribe en un patrón de lawfare, es decir, el uso del sistema penal para neutralizar adversarios políticos, lo cual constituye una forma de persecución política, tal como ha advertido la CIDH.
En conclusión, la Asociación Americana de Juristas ha denunciado la detención ilegal y el riesgo vital de Jorge Glas en Ecuador, exigiendo su hospitalización urgente y responsabilizando al Estado ecuatoriano por graves violaciones a los derechos humanos.
