El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó una ley que elimina la necesidad de que algunos servidores públicos rusos declaren sus ingresos. Esta medida, que entra en vigor de inmediato, afecta a sectores clave como las fuerzas de seguridad, el poder judicial y el gobierno, entre otros.
Anteriormente, todos los funcionarios públicos debían presentar anualmente sus declaraciones de ingresos y gastos, así como las de sus cónyuges e hijos. Sin embargo, con la nueva ley, las autoridades supervisoras solo requerirán esta información cuando lo consideren necesario, como en casos de transferencias entre agencias gubernamentales o transacciones que superen los ingresos de tres años del trabajador.
La decisión de Putin se enmarca en un contexto de mayor opacidad financiera en Rusia. En diciembre de 2022, el mandatario ya había firmado un decreto que prohibía la publicación de las declaraciones de renta de los funcionarios en los portales de transparencia y los medios de comunicación.
Opositores rusos han denunciado que estas medidas blindan aún más la estructura de poder en Rusia, alejándola de los principios democráticos. Señalan que, si bien la Justicia rusa ha procesado a cientos de funcionarios por corrupción desde el inicio de la guerra en Ucrania, los reemplazos no se diferencian de los anteriores en sus prácticas.
Expertos en Rusia afirman que los cambios responden más a conflictos entre las diferentes facciones de la élite del país que a un verdadero esfuerzo por combatir la corrupción. La eliminación de la obligación de declarar ingresos parece ser un paso más en esa dirección.
La nueva ley excluye, por ejemplo, al sector docente, pero incluye a las fuerzas de seguridad, el poder judicial, los ministerios y el gobierno en general. Esto significa que una parte importante del aparato estatal ruso quedará exenta de rendir cuentas sobre su situación patrimonial.
