Panamá se enfrenta a grandes retos en el suministro de agua potable y saneamiento para el 2026, según un informe reciente de la agencia calificadora Moody's. El estudio señala que la fragmentación política, el alto endeudamiento público y la rigidez presupuestaria limitarán la capacidad del país para absorber posibles choques en la economía.
Además, el informe destaca que el alto nivel de inconformidad de la población por los servicios básicos, especialmente de agua y alcantarillado, es un problema grave que debe atenderse. Actualmente, la Constitución panameña guarda silencio sobre el derecho humano al agua, lo que ha permitido una gestión deficiente de este recurso vital.
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno deberá enfocar recursos en la inversión de capital y transferencias económicas que permitan dotar a toda la población de un buen servicio de agua potable y alcantarillado. Esto no solo mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también impulsaría una mejor distribución de la riqueza del país.
Según el informe, se requiere una inversión de al menos $2,890 millones en los próximos 10 años solo para el área metropolitana de Panamá, Panamá Este y Panamá Oeste. Una cifra similar sería necesaria para atender el resto del país, incluyendo las áreas insulares y rurales.
Sin embargo, las instituciones estatales responsables del recurso hídrico han demostrado una baja capacidad de ejecución de proyectos, lo que ha impedido avances significativos. Ante esta situación, expertos proponen la creación de un nuevo operador estatal con autonomía administrativa y financiera, que adopte las mejores prácticas del Canal de Panamá.
En resumen, Panamá enfrenta un enorme desafío en el suministro de agua potable y saneamiento, que requiere una reestructuración completa de la gobernanza de este sector, con decisiones basadas en aspectos técnicos y de servicio público, y no en factores políticos.
