La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua ha impedido el ingreso al país a Yadira Córdoba, madre de un adolescente asesinado durante las protestas de abril de 2018. Córdoba, quien es activista de la Asociación Madres de Abril, fue detenida en Estados Unidos cuando intentaba viajar a Nicaragua, en un nuevo acto de represión del régimen contra los familiares de las víctimas de la crisis sociopolítica.
La Asociación Madres de Abril, que agrupa a familiares de los manifestantes asesinados durante las protestas antigubernamentales de 2018, denunció la detención de Córdoba en territorio estadounidense y exigió una "salida humanitaria" ante el riesgo de que la activista sea "revictimizada" por el gobierno de Ortega.
Según informaron, Córdoba tenía previsto viajar a Nicaragua para participar en actividades conmemorativas del cuarto aniversario de la muerte de su hijo, ocurrida durante la feroz represión de las protestas antigubernamentales que dejaron cientos de muertos y desaparecidos.
Sin embargo, al intentar abordar el vuelo con destino a Managua, Córdoba fue detenida por las autoridades migratorias estadounidenses, quienes le impidieron salir del país. Desde entonces, su paradero se desconoce y la Asociación Madres de Abril teme por su seguridad.
Este nuevo acto de represión del régimen de Ortega contra los familiares de las víctimas de la crisis de 2018 se produce en un contexto de creciente autoritarismo y violación de los derechos humanos en Nicaragua. El gobierno ha encarcelado a decenas de opositores políticos, periodistas y activistas, y ha restringido severamente las libertades civiles y políticas en el país.
La detención de Yadira Córdoba es vista como un intento del régimen de Ortega por silenciar y amedrentar a los familiares de las víctimas de la represión, quienes han sido una de las voces más críticas y visibles contra la dictadura nicarag ense. La Asociación Madres de Abril ha denunciado en reiteradas ocasiones la persecución y hostigamiento que sufren los familiares de los manifestantes asesinados.
Organismos internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional han condenado enérgicamente este nuevo acto de represión del gobierno de Ortega, exigiendo la liberación inmediata de Córdoba y el respeto a los derechos de los familiares de las víctimas de la crisis de 2018.
