La política antiinmigrante de Donald Trump marcó un giro drástico en la gestión fronteriza durante su presidencia. Sin embargo, hacia el final de su primer mandato, el apoyo inicial de la opinión pública estadounidense a estas medidas empieza a mostrar signos de desgaste.
Una encuesta de Harvard-Harris realizada el mes pasado revela que solo el 47% de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump en materia de inmigración, lo que representa una caída de ocho puntos porcentuales con relación a la misma medición de febrero de 2021, el mes siguiente a su asunción para un segundo mandato. Incluso, la aprobación general de Trump ahora está por debajo del 50% en todos los temas clave.
Si bien el respaldo a las acciones de control migratorio se mantiene por encima de su aprobación general, también empieza a mostrar un declive. Tras un pico inicial por encima del 55%, el apoyo se estabilizó en torno al 50% y luego retrocedió.
Esta fotografía sugiere que la opinión pública, en líneas generales, valora el retorno del control migratorio tras una etapa percibida como caótica o desbordada bajo la administración demócrata anterior. Sin embargo, también rechaza los rasgos más duros del enfoque republicano, que podría estar siendo visto como cercano a un estado policial en materia de arrestos y deportaciones.
La ciudadanía parece empezar a marcar límites frente a los procedimientos más extremos, cuestionando la falta de garantías básicas. Esto revela un malestar de fondo con el estado de cosas que Trump heredó y que una parte del electorado consideraba insostenible.
Según el análisis, el rechazo no está en el objetivo de controlar la inmigración, sino en los mecanismos concretos utilizados, que son percibidos como excesivos y poco respetuosos de la dignidad de los inmigrantes.
"Los estadounidenses ven la diferencia entre detener a un violador y deportar al jardinero del barrio que paga impuestos", sintetizó un editorial de The Washington Post al describir las críticas que comienzan a aflorar.
En este sentido, el artículo sostiene que es razonable la necesidad de controles migratorios, tanto por el funcionamiento del estado de derecho como por la convivencia democrática, la transparencia económica e incluso por razones éticas. Sin embargo, el punto central es cómo hacerlo sin convertir un problema real en una cruzada que fracture a la sociedad.
La opinión pública parece estar enviando un poderoso mensaje al gobierno republicano: proteger la frontera no exige desconocer la dignidad de quienes ya forman parte de la vida económica y social del país, como trabajadores agrícolas, de la construcción, plomeros, jardineros, entre otros.
