Desarticulan red de fraude millonario de subvenciones públicas que llegó hasta Costa Rica

La Policía Nacional de España desarticuló una organización criminal dedicada al fraude de subvenciones públicas por casi siete millones de euros, en una investigación que los llevó hasta Costa Rica, Panamá, Cuba y Arabia Saudí.

La operación, denominada "Rapax", concluyó con la detención de cinco personas y el bloqueo de 48 cuentas bancarias. La investigación se inició tras una denuncia del Ministerio de Industria español por el impago de dos préstamos públicos otorgados dentro del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (Reindus).

Según las autoridades, la red empresarial habría presentado dos expedientes distintos, a nombre de dos sociedades formalmente independientes, para acceder a los fondos del programa Reindus. Sin embargo, la investigación determinó que ambas compañías estaban interconectadas y utilizaron documentación falsa, simulando inversiones industriales que nunca se ejecutaron.

Una vez recibidos los recursos públicos, los fondos habrían sido desviados mediante un entramado mercantil compuesto por más de 15 empresas, tanto en España como en el extranjero. Es aquí donde aparece Costa Rica, Panamá, Cuba y Arabia Saudí como países utilizados para canalizar los movimientos financieros, con el objetivo de ocultar el origen ilícito del dinero y darle apariencia de legalidad.

Las autoridades españolas no han detallado públicamente qué tipo de sociedades o estructuras operaron en Costa Rica, ni si existen personas o empresas costarricenses formalmente investigadas. Sin embargo, la mención del país forma parte del rastreo internacional del flujo de fondos, una práctica habitual en investigaciones por blanqueo de capitales.

Durante los allanamientos, los agentes incautaron más de 80.000 euros en efectivo, además de dispositivos electrónicos y abundante documentación que continúa bajo análisis policial. Entre los detenidos figuran los presuntos líderes de la organización, así como tres familiares que, según la investigación, actuaban como testaferros para facilitar la ocultación y el movimiento del dinero.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta, especialmente en lo relativo a las ramificaciones internacionales del entramado y al posible uso de sociedades en terceros países, entre ellos Costa Rica.