A solo tres días de la declaratoria oficial de resultados electorales en Honduras, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se enfrenta a una disputa interna sobre el mecanismo de conteo especial en los niveles de diputaciones y corporaciones municipales.
El consejero Marlon Ochoa denunció que la autorización mayoritaria aprobada por la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y la consejera Cossette López para corregir 7,697 actas de diputaciones y 5,581 de corporaciones municipales implica la posibilidad de abrir bases de datos sin las suficientes garantías, lo que "compromete la trazabilidad y la integridad del sistema".
Ochoa advirtió que este procedimiento podría impactar en 3,168 actas previamente validadas, con consecuencias directas en la relación de fuerzas dentro del Congreso y gobiernos municipales. Exigió que se detalle previamente cuáles actas serán modificadas, qué casillas serán ajustadas y bajo qué criterios técnicos se harán los reemplazos.
En contraposición, Hall y López afirmaron que el proceso "ha estado marcado por un ambiente hostil, amenazas, problemas administrativos y falta de acompañamiento institucional", lo que dificultó el avance del escrutinio durante casi un mes. Sin embargo, aseguraron que el CNE emitirá la declaratoria en tiempo y forma, pese a las presiones.
La consejera López denunció "abandono técnico y limitaciones operativas" en áreas clave del escrutinio, asegurando que parte del personal de representación se limitó a tramitar documentación sin realizar el trabajo de campo necesario.
Con el plazo legal por agotarse y la declaratoria oficial programada para el 30 de diciembre, la sesión del CNE se perfila como una de las más decisivas del proceso post-electoral. Si no hay consenso interno o verificación técnica suficiente, la legitimidad del resultado podría escalar hacia disputas políticas, judicialización y solicitudes de observación internacional adicional.
