El sistema de salud en la Franja de Gaza se encuentra "destrozado" tras dos años de violencia, dejando a unas 55.000 mujeres embarazadas en una situación de extrema vulnerabilidad. La capacidad de respuesta de los hospitales se ha visto anulada casi por completo, convirtiendo el parto en un riesgo mortal tanto para madres como para bebés.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la escasez de medicamentos, la falta de personal médico y la destrucción de infraestructura han dejado a las unidades neonatales operando muy por encima de su límite, con un déficit crítico de incubadoras y especialistas.
La crisis alimentaria y la exposición climática que sufren las familias desplazadas agravan aún más el cuadro clínico de la población, con altos índices de malnutrición y anemia tanto en madres como en recién nacidos. Esto se traduce en un aumento de bebés con bajo peso y complicaciones de salud desde el primer día de vida.
Además, el trayecto hacia los pocos hospitales que aún permanecen en funcionamiento se ha convertido en un riesgo de muerte debido a la persistencia de los ataques israelíes, obligando a muchas mujeres a enfrentar complicaciones médicas sin asistencia profesional.
La situación se ha visto agudizada por la reciente reanudación de bombardeos y demoliciones por parte de las fuerzas israelíes, violando el alto el fuego establecido el pasado 10 de octubre. Desde entonces, se han contabilizado más de 870 violaciones que han provocado el asesinato de unos 400 palestinos y han dejado a más de mil personas heridas.
Ante este escenario de emergencia, el alcalde de Rafah, Ahmed Al-Soufi, ha hecho un llamado urgente a la comunidad internacional para que intervenga y permita el ingreso de diésel, vital para mantener operativos los servicios de emergencia y evitar una catástrofe humanitaria aún mayor.
