El Parlamento de Nicaragua, controlado por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó una profunda reforma a la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes y otorga un poder total al presidente Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
La reforma constitucional, aprobada en segunda y definitiva legislatura en enero de 2025, amplía de cinco a seis años el período presidencial, establece la figura de "copresidenta" que "coordine" los demás "órganos" del Estado, que dejan de llamarse poderes. Además, legaliza la apatridia y crea las "fuerzas militares de reserva patriótica" y la "policía voluntaria", que opositores consideran fuerzas parapoliciales y paramilitares.
La enmienda establece que Nicaragua es un Estado "revolucionario", libre, soberano e independiente, que reconoce a la persona, la familia y la comunidad como protagonistas de la "democracia directa", y que el poder revolucionario lo ejerce el pueblo de forma directa a través de la Presidencia de la República.
La Presidencia quedará integrada por un copresidente y una copresidenta, que ejercerán sus funciones por un período de seis años y podrán nombrar vicepresidentes sin ser elegidos por el voto popular. Además, la Presidencia será la Jefatura Suprema del Ejército, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
La reforma también incluye como símbolo patrio la bandera del FSLN, partido en el Gobierno desde 2007, y establece que el Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean "sometidos" a intereses extranjeros ni divulguen "noticias falsas" que atenten contra los derechos de los nicarag enses.
Esta enmienda constitucional ha sido duramente criticada por la ONU, la OEA, Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicarag enses, quienes la consideran un paso más hacia la consolidación del poder absoluto de Ortega y Murillo.
Durante el período legislativo de 2025, el Parlamento nicarag ense también aprobó 35 leyes y 29 decretos, entre los que se encuentran 12 de carácter económico por un monto total de 489,3 millones de dólares y 1.535,1 millones de yuanes (219,1 millones de dólares). Además, se autorizó el ingreso a Nicaragua de tropas, naves y aviones militares de Rusia, Cuba, Venezuela y Estados Unidos.
La reforma constitucional y las acciones del Parlamento han sido interpretadas como un intento de Ortega y Murillo por afianzar su control sobre el país y eliminar cualquier atisbo de oposición o equilibrio de poderes.
